Dossier 1: El conflicto del Sector Salud en Córdoba (setiembre de 2011 a febrero 2012)

El conflicto de los trabajadores del denominado “sector salud” de Córdoba posee varios elementos que lo tornan un caso paradigmático del período analizado. Evidencia en primer lugar que los servicios esenciales brindados por el Estado sufren un deterioro material notable y un desajuste salarial considerable si se los compara con el resto de los empleos de los que se disponen datos.

En términos gremiales y organizativos, este conflicto deja entrever la alta fragmentación del colectivo de trabajadores, al que se suma la diversificación de sus representaciones laborales: profesionales, técnicos y enfermeros generan sus propios colectivos gremiales en busca de una representación que los contenga. Sin embargo, y a tono con lo que sucede en el panorama sindical a nivel nacional, la disputa por la representatividad de los trabajadores y la estrategia gubernamental de negociar únicamente con los que poseen atributos de legalidad, tal como ocurre en este caso con el SEP (Sindicato de Empleados Públicos), genera el no reconocimiento de muchas otras organizaciones por fuera de su órbita de influencia tales como la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Enfermeras Unidas, Médicos Unidos y la Asamblea Interhospitalaria.

Éste es un dato clásico de la época, donde el Estado prioriza descomprimir conflictos privilegiando el diálogo sólo en base a la “legalidad” de la organización gremial que la interpela, consolidando “por arriba” la ruptura ya evidente entre dirigencia y bases.

Este cuadro se agudiza si se considera que gran parte de la dirigencia sindical de los gremios cordobeses accede a cargos en el Estado merced a su filiación política dentro del fragmentado universo oficialista: José “Pepe” Pihen (SEP), Walter Grahovac (UEPC), Omar Dragún (SMATA) son muestras más que elocuentes de la interconexión entre Estado, Partido y Sindicato.

El conflicto del “sector salud” brinda entonces un interesante caso que combina todos estos elementos y que se desarrolla, además, al calor de la coyuntura electoral provincial, donde se juega el recambio del ejecutivo provincial que, no es ocioso remarcarlo, siguió a manos del oficialismo.

 El conflicto

Según el economista Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios de Población Empleo y Desarrollo (CEPED) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a partir del 2007 asistimos a una declinación en la creación de empleos y a un desmejoramiento de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

El “boom” relativo del crecimiento del empleo también tiene su costado flaco: la abrumadora mayoría de los puestos de trabajo creados son los famosos empleos “precarios”, típicos del período post 2001 en Argentina.1 En el ámbito estatal de Córdoba, por ejemplo, entre planta permanente y temporal y desde el año 2007, el empleo creció a un ritmo de 13 puestos de trabajo diarios, concentrándose la gran mayoría de ellos en la administración pública central (poder Ejecutivo y Legislativo).

Dentro de este panorama, el matutino local La Voz del Interior (LVI), publicó un relevamiento comparativo de salarios tomando registro de una diversidad de empleos que muestran el deterioro de los trabajadores del sector salud: un camionero puede alcanzar un básico de 5740 pesos, más adicionales; un chofer de colectivo interurbano diferencial con cinco años de antigüedad cobra de bolsillo entre 7000 y 7200 pesos; un taxista trabajando 14hs diarias alcanza los 5000 o 6000 pesos; una maestra de grado percibe un salario inicial de 2711 pesos, mientras que un profesor auxiliar universitario de dedicación simple o parcial (que constituye el 85% de la planta docente de la UNC) cobra entre 800 y 3000 pesos. En este panorama, un enfermero de piso asciende a 3285 pesos; una médica con especialidad y con todos los adicionales, más guardias nocturnas, podía alcanzar los 4800 pesos; un médico especialista en Terapia Intensiva, con 18 años de antigüedad y 24 hs semanales de dedicación puede aspirar a un salario bruto de 3800 pesos.2

Así las cosas, a fines de setiembre del 2011 una sumatoria de pedidos de aumentos salariales efectuada principalmente por la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud), delegados agremiados en ATE-CTA y finalmente el propio SEP (Sindicato de Empleados Públicos) fue rechazada de plano por el gobierno de Juan Schiaretti bajo el argumento de que los incrementos que habían sido otorgados a principios de año tenían “carácter anual” y por lo tanto cualquier pedido debía esperar al próximo año, ya con el nuevo mandatario electo.

En una doble operación discursiva, el Secretario General de la Gobernación Roberto Sosa, a cargo de las negociaciones junto al Ministro de Salud Oscar González, agregó: “¿cómo vamos a negociar con alguien que no tiene representación gremial?, no se puede firmar ningún acuerdo…” (LVI, 20/11/2011) en franca alusión a los miembros de la UTS. Frente a la negativa gubernamental, el titular del SEP, José “Pepe” Pihen, presionado por sus pares redobló la apuesta y en la misma ocasión declaró que su sindicato, con este panorama, mantendría y profundizaría las medidas de fuerza que ya comenzaban a acaparar la atención de la política provincial.

Si bien el conflicto se desata por cuestiones salariales, lo cierto es que también existe un trasfondo relacionado con el deterioro del servicio, la ausencia de una política clara para el sector, y finalmente con la falta de salida a los reclamos de las bases por parte del sindicato (SEP), generándose un rápido proceso de conformación de múltiples colectivos de trabajadores que, con grandes dificultades, enfrentarán todo el cuadro de situación, llegando a su punto de mayor fuerza con 26 hospitales protagonizando protestas en la calle.

En efecto, al inicio de la gestión de Schiaretti se había anunciado el fin del Programa de Salud Familiar por “cuestiones presupuestarias”, mientras en paralelo el desguace de la salud pública ya producía una notable transferencia de usuarios, tecnología e infraestructura hacia el sector privado: baste señalar que la medicina privada en Córdoba posee actualmente 22 resonadores magnéticos, mientras que el sector público cuenta con apenas 2 (LVI, 08/10/2011). Tampoco se respetó la ley de equipos de salud, no se realizaron concursos, ni se consideró la contratación full time de médicos, entre otras medidas que fueron desvirtuando a los hospitales y caldeando el ambiente laboral.3

Si a esta situación se le agrega que en Córdoba más del 40% de la población carece de obra social, se comprende entonces la situación general de deterioro del sector.

El Hospital Rawson fue el epicentro desde donde se irradió el movimiento. Allí se desarrolló la primera asamblea y se lanzó el primer paro. A este Hospital, especializado en enfermedades infecciosas, se decide recategorizarlo como “polivalente”, fruto de la aplicación de leyes de “emergencia provincial”. La polivalencia no modificó de hecho el tipo de actividades que se realiza, pero sí implicó la pérdida de ciertos beneficios para el personal tales como el doble de licencia anual por ser trabajo de riesgo (enfermedades infecciosas) y un plus salarial. Es decir, una suerte de precarización laboral encubierta.

El inicio de las medidas también generó la ruptura de un grupo de médicos de la UTS que deciden conformar “Médicos Unidos” (anestesistas y obstetras). Con el conflicto en desarrollo pero estancado por la negativa gubernamental, las demandas se limitan y simplifican (aunque pocas veces logran unificarse) bajo el pedido de reapertura de la mesa de negociación salarial, el reclamo de una mejora en los haberes cercana a los $5600 (tomando como referencia la canasta para una familia tipo que publica la CTA), y la extensión de la figura de “recurso humano crítico” a todos los sectores de la salud provincial (Cba. Noticas, 17/10/2011).

Hacia fines de octubre las medidas de protesta toman diversas formas prevaleciendo los cortes simultáneos de calles, a veces bastante intensos como el ocurrido el lunes 25 de octubre, donde se contabilizaron 15 cortes en distintos puntos de la ciudad y del interior provincial (Indymedia Córdoba, 27/10/2011).

Junto a movilizaciones, marchas de antorchas, cortes de calle y asambleas callejeras en el Polo Sanitario, el conflicto es claramente direccionado en conjunto por la UTS, ATE y la Asamblea Interhospitalaria. Esto es así porque el SEP, a través de Pihen, va jugando cartas de acercamiento al gobierno a sabiendas que este dirigente, tras las elecciones a gobernador, es parte del nuevo elenco en la Legislatura local, con lo cual además de operar en el campo sindical por reclamos salariales, debe ahora duplicar su representación en el nuevo panorama del oficialismo local.4 Algo que revela un dato clave del sindicalismo cordobés de los últimos años y que ya ocurrió con el docente Walter Grahovac (Ministro de Educación de Schiaretti y ex Secretario General de la UEPC), Carmen Nebreda (también docente, ex Secretaria General de la UEPC y actual referente del FPV-Kirchnerismo), Omar Dragún (Secretario General del SMATA, dirigente de la CGT Unificada Regional Córdoba y flamante Ministro de Trabajo tras la asunción de De La Sota).

Semejante cuadro de traspasos y vínculos profundos entre Estado y dirigencia sindical son parte de los condimentos que incrementan la alta fragmentación de los trabajadores, que no pocas veces ven a sus dirigentes envueltos en escándalos o participando de arreglos partidarios para acceder al poder.5

 Fragmentación

Dato insoslayable a la hora de ponderar los conflictos laborales, la fragmentación y división en categorías, profesiones y ocupaciones, hace mella en la unidad de los colectivos de trabajadores que protestan en las calles. Médicos, obstetras, anestesistas, enfermeros, turneros, entre otras divisiones internas se ven reflejadas en la variedad de organizaciones que intentan armonizar las demandas, que no son nuevas y que han contado con el apoyo expreso de los “usuarios” del servicio de Salud Pública.

Al consultar a varios de los participantes de este conflicto el primer dato evidente es la repetición del escenario que precipita la protesta y el movimiento desde las bases que comenzará a impugnar la representatividad del SEP. En efecto, ya durante el año 2005 se conforma el “movimiento de autoconvocados” que luego se cristaliza en dos tendencias opositoras al oficialismo del SEP: ATE y UTS, quienes lograron sendos aumentos salariales en una de las primeras ocasiones en que se hacen marchas por fuera del SEP.

La cara más visible dentro del campo sindical opositor es el médico Carlos Altamirano, que no obstante constituirse en referente indiscutido de la UTS, no cuenta con el aval del resto de las agrupaciones que lo ven con recelo por su oscilante filiación política y su sed de lograr la personería gremial. Altamirano es un ex militante radical devenido en juecista y enemigo acérrimo del actual gobernador De la Sota y del Secretario General del SEP.

Por su parte, tanto ATE como miembros independientes de la Asamblea Interhospitalaria provienen de militancias en varias organizaciones de izquierda aunque a la actualidad ninguna de ellas prevalezca claramente.

Así las cosas, el espacio generado por la Asamblea Interhospitalaria es el ámbito deliberativo de mayor importancia, participación (alcanza a convocar hasta 100 representantes-delegados de Hospitales) y por donde circulan las posibilidades de aunar criterios desde las bases, incluso logrando articular sus reclamos y solidarizarse (y lograr a la vez apoyo) con otros sectores en lucha, tal como ocurrió durante el paro nacional docente lanzado desde CTERA en repudio a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a inicios de marzo del 2012, en donde señaló que los docentes en Argentina trabajan 4 horas diarias y descansan 3 meses. Allí marchó la Asamblea Interhospitalaria, pero sin la presencia de la UTS.

El surgimiento de la Asamblea Interhospitalaria ocurre en el Hospital Rawson, epicentro del Polo Sanitario de Córdoba. Fue pensada no como una agrupación sino como un método para organizar a todo el sector salud y fue también una reacción a la crisis de representación que la dirigencia sindical del SEP fue generando en las bases.6

De las reuniones que se realizan en el Polo Sanitario pueden participar, en principio, cualquier trabajador que lleve mandato o propuesta de su Hospital. De estas instituciones inicialmente constituyeron la Asamblea el Hospital Córdoba, el Hospital Tránsito Cáceres, la Maternidad Provincial y Nacional, el Hospital Misericordia, los tres Hospitales del Polo Sanitario, el Hospital de Unquillo y la Manzana de Salud Mental (Neuropsiquiátrico, Casa del Joven, etc). Llegaron a estar representadas en ella y en su momento de mayor auge 26 hospitales de la provincia. Gremialmente, participaban el SEP, ATE y UTS. El SEP acatará la conciliación obligatoria y dejará de concurrir. “Médicos Unidos” y “Enfermeras Unidas” son nucleamientos que se conforman posteriormente a la Asamblea Interhospitalaria, pero sin capacidad de generar solos medidas de fuerza.

El objetivo central de la Asamblea Interhospitalaria fue en un principio unificar la lucha salarial. Allí se decidían acciones puntuales a corto plazo como marchas o cortes de calles. La Asamblea se reunía los martes en el Polo Sanitario y durante los demás días era itinerante (un día en cada hospital). Además de la Asamblea, el otro órgano creado fue la Comisión Operativa, encargada de que estén todos los recursos disponibles durante las asambleas, paros, etc. Sin poder de decisión, esta comisión la componen delegados de cada hospital. Su existencia se decidió en la Asamblea.

La Asamblea funcionó como tal hasta fines del 2011; a partir del 2012, recambio gubernamental y período de vacaciones de gran parte de personal de por medio, atraviesa por un período de reorganización de pronóstico incierto. Mucho tiene que ver en este impasse la asunción de De La Sota en el ejecutivo provincial y las expectativas que ello genera.

Volviendo sobre las distinciones al interior del movimiento de protestas del Sector Salud es posible establecer que la sección más solidaria es la de los/as enfermeros/as, que por las características de la especialidad prácticamente les resulta imposible efectivizar una adhesión a medidas de fuerza como el paro, pero no obstante ello, y a pesar de que la mayoría se desempeña en dos hospitales como forma de incrementar sus ingresos, suelen turnarse para hacer presencia simbólica o “apoyo moral” en las manifestaciones. En las antípodas de estos trabajadores se encuentra el estratégico sector de los profesionales como los anestesistas y gineco-obstetras, una suerte de cuerpo de elite que por ser considerado “recurso humano crítico” posee una capacidad de presión enormemente superior al resto de sus colegas, y que en este conflicto jugó también como elemento discriminador hacia el grueso de los manifestantes.

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1 Desagregado sectorialmente la rama que más empleos creó fue la intermediación financiera (60%), seguida de hoteles y restaurantes (53%). La rama de mayor crecimiento en el sector industrial es la de productos metálicos (53%). Por otra parte, 4,6 millones de trabajadores se encuentran “en negro”, cifra mayor a cualquier año anterior al 2005. Todos estos datos, tal como lo destaca Lindenboim, son además poco confiables en vistas de la intervención del órgano oficial de medición de estos índices, el INDEC, ámbito donde también sus trabajadores denunciaron condiciones de empleo precarias. Ver Lindenboim, Javier “Notable caída en la ceración de empleos”, Diario Clarín, 22/10/2011, y “Claroscuros de la dinámica del mercado laboral”, Diario La Voz del Interior (LVI), 22/10/2011.

2 Beresovsky, Alejandra, “La pelea por el salario”, en LVI, 20/11/2011.

3 Con el correr del conflicto se irán conociendo otras situaciones de trabajo límite como las que experimentan las enfermeras de los pabellones de Salud Mental en Bell Ville y que denuncian que suelen estar a cargo 2 enfermeras cada 60-70 pacientes (LVI, 29/10/2011).

4 Una situación tragicómica pero ilustrativa del trasfondo del conflicto se vivió cuando trabajadores y medios de comunicación divisaron y fotografiaron a Pihen con el entonces ministro de Salud, González, tomando un café y compartiendo una charla en medio de las movilizaciones: “No sé cuál es el cuestionamiento. Lo ignoro. Yo tomé un café con él para conversar un rato, lo demás es un tema que no me compete”, espetó a la prensa José Pihen (LVI. 19/10/2011).

5 Otro caso que estalló en medio del conflicto de salud es el de la familia Saillén, donde padre, hijo y hermanos se distribuyen el poder de los sindicatos de remiseros, de trabajadores de peaje y de recolectores de basura, y a la vez constituyen la dirigencia de la novel “CGT Nacional y Popular Rodríguez” (entidad paralela a la CGT Unificada), con fuertes vínculos con sindicatos como Luz y Fuerza y el SOUEM (municipales) y a nivel nacional con la Juventud Sindical liderada por Facundo Moyano. El escándalo evidenció que varios de los Saillén figuraban cobrando $14000 por tareas gremiales en un sindicato de Río Cuarto, mientras residían en Córdoba. Lo paradójico es que en simultáneo unos 15 trabajadores a los cuales el sindicato debía representar, estaban reclamando por despidos (LVI, 13/10/2011).

6 También hay que decir que miembros del SEP protagonizaron golpizas hacia los trabajadores en huelga, y que existieron denuncias de “aprietes” desde el SEP hacia sus propios afiliados y delegados. Uno de ellos, Luis Vicente, fue suspendido por su propio gremio porque habría seguido el mandato de la Asamblea Interhospitalaria desconociendo la posición del SEP.

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Una respuesta to “Dossier 1: El conflicto del Sector Salud en Córdoba (setiembre de 2011 a febrero 2012)”

  1. maria silvina moyano Says:

    Muy buena la sintesis y el analisis de la situacion$ como trabajadora de salud mental creo que la lucha tambien tiene un sesgo clasista ya que muchos profesionales de salud no se asumen como laburantes esto llevo al planteo de conformar un sindicato u organizacion delo trabajadores de salud independiente de otros sindicatos esto no se pudo hacer por la gran fragmentacion que hay en el sector salud como bien lo plantea el informe.Maria Silvina Moyano Trabajadora Social-Equipos Comunitario de Salud Mental-Direccion de Salud Mental-Minist de Salud

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